La Ley 1/2024 de Enseñanzas Artísticas (LEA) continúa ganando visibilidad institucional desde su aprobación en mayo del pasado año en el Congreso. El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, inauguró en abril el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas con una declaración rotunda: “Las Enseñanzas Artísticas son para este gobierno política de país”, reafirmando el compromiso político expresado también por la ministra Pilar Alegría en sucesivos actos y comparecencias, como el celebrado en julio en el Círculo de Bellas Artes.
La ministra ha señalado la LEA como un “éxito colectivo” y ha anunciado la creación de un departamento específico dentro del Ministerio para su desarrollo normativo, además de grupos de trabajo con el sector. La ley busca homologar las enseñanzas artísticas superiores al sistema universitario europeo y las profesionales al marco de cualificaciones profesionales, permitiendo una mayor integración de las artes en el sistema educativo y en las industrias creativas del país.
Sin embargo, este impulso político convive con una implementación que avanza con dificultades. La falta de desarrollo reglamentario ha generado importantes desajustes en la organización de las pruebas de acceso, especialmente para estudiantes que tradicionalmente accedían mediante pruebas de madurez. Esta indefinición normativa ha creado desigualdades en el acceso a la formación, afectando la equidad territorial y generacional.
El Ministerio de Educación ha mostrado un firme compromiso con la aplicación efectiva de la Ley de Enseñanzas Artísticas (LEA), apostando por una transformación profunda del sistema a través del cumplimiento del calendario de implantación y la regulación de aspectos clave. Entre los avances más significativos destacan dos decretos: uno que permitirá a los Conservatorios Profesionales ofrecer nuevos itinerarios con títulos de Técnico y Técnico Superior, integrando por primera vez estas enseñanzas en el nivel 1 del MECES, y otro, previsto para 2027, que redefinirá los cuerpos docentes, adaptándolos a los nuevos retos formativos y a la equiparación con la educación universitaria. No obstante, el éxito de esta hoja de ruta dependerá en gran medida de una financiación suficiente, aún sin concreción, en un contexto de inestabilidad presupuestaria y desigualdad autonómica que podría dificultar la plena implementación de la ley.