El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula la relación laboral especial de las personas artistas que desarrollan su actividad en los ámbitos de las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como de los profesionales que desempeñan funciones técnicas o auxiliares imprescindibles para el desarrollo de estas actividades. La medida supone un nuevo paso en el desarrollo del Estatuto del Artista y actualiza un marco normativo que permanecía vigente desde 1985.
Según ha informado el Gobierno, la nueva regulación adapta la normativa laboral a la realidad actual del sector cultural, incorporando nuevas formas de creación, producción y difusión artística que no estaban contempladas en la legislación anterior. Entre las principales novedades, amplía la cobertura de la norma a toda la cadena profesional vinculada a la actividad artística y redefine el concepto de espectáculo público para incluir también las emisiones y retransmisiones digitales, tanto en directo como en streaming.
Uno de los aspectos más relevantes del real decreto es la regulación integral del trabajo artístico de menores de edad. La norma establece un sistema de autorización administrativa unificado para todo el territorio nacional, garantiza que la actividad sea compatible con las necesidades educativas y personales de los menores y prohíbe el trabajo por cuenta propia para quienes tengan menos de 16 años, permitiendo únicamente su contratación mediante relación laboral.
El texto también refuerza la protección de los profesionales frente al acoso sexual e incorpora la obligación de contar con una persona especializada en coordinación o mediación durante la realización de escenas o actuaciones de carácter íntimo.
Asimismo, el real decreto amplía el reconocimiento del tiempo de trabajo efectivo, considerando como tal todo el periodo en el que el profesional esté bajo la dirección de la empresa. Esto incluye no solo las actuaciones, sino también ensayos, pruebas y actividades de promoción, dando respuesta a una de las principales demandas del sector para adecuar la legislación a la realidad de los procesos creativos y de producción.