El pasado viernes, 8 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se modifica el régimen de funcionamiento de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, para dar respuesta a los requerimientos impuestos por la Unión Europea.
A raíz de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se impuso la publicidad obligatoria de las subvenciones y ayudas públicas. De esta forma se centraliza toda la información sobre convocatorias y concesiones de subvenciones en una misma base de datos, facilitando así su conocimiento a los interesados.
Al finalizar 2018, ya forman parte de la BDNS todas las comunidades autónomas, a excepción de País Vasco, comunidad con la que se firmará un acuerdo para el suministro de la información; todas las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares (salvo Menorca); y 1.276 ayuntamientos.
El Real Decreto modifica el régimen de la BDNS y, además, permite un acceso rápido y sencillo en un único portal a todas las convocatorias cuyo plazo de solicitud esté abierto, permitiendo su consulta a todos los ciudadanos, pero respetando la normativa sobre protección de datos.
El Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas proporciona actualmente información pública sobre 170.000 convocatorias (52.297 aprobadas en 2018) y 8,8 millones de concesiones. No solo es una web de consulta, el Gobierno estima que es un instrumento fundamental para la mejora de la gestión y para la lucha contra el fraude. Ya que, la base de datos también recopila todas las sentencias y las sanciones administrativas en las que se impone la prohibición de acceso a nuevas subvenciones para evitar que se concedan ayudas a personas o entidades sancionadas.
