La Comisión Europea comunica a los Ministros de los Estados miembros los avances de las Directivas en materia de empleo y asuntos sociales.
En primer lugar, la Presidencia portuguesa ha informado a los Ministros respecto a la Propuesta de Directiva sobre Salarios Mínimos Adecuados, adoptada el 28 de octubre de 2020. Dicha propuesta tiene por objeto reforzar la protección del salario mínimo de los trabajadores, estableciendo unos requisitos mínimos a escala de la Unión Europea. De esta forma, se busca garantizar tanto que los salarios mínimos se fijen en un nivel adecuado, como que los trabajadores tengan acceso a la protección, ya sea en forma de salario mínimo legal o de salarios fijados en virtud de convenios colectivos. Respecto a este tema, las posiciones entre los Estados miembros son muy diferentes. Mientras que varios Estados miembros se opusieron a la propuesta de la Comisión Europea, por considerar que carece de una base jurídica válida, otros acogieron con satisfacción la iniciativa como un paso importante para cumplir el principio 6 del Pilar Europeo de Derechos Sociales.
Por otro lado, la Presidencia ha informado sobre la situación de varios expedientes legislativos en curso, entre los que destacan:
- Propuesta de Directiva sobre el refuerzo de la aplicación del principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o un trabajo de igual valor entre hombres y mujeres.
- Propuesta de Directiva del Consejo Europeo para ampliar la protección contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual a ámbitos distintos del empleo.
Por último, el Consejo Europeo ha aprobado una serie de conclusiones que respaldan la Estrategia 2021-2030 para los derechos de las personas con discapacidad, adoptada por la Comisión Europea. Estas conclusiones invitan a los Estados miembros a seguir desarrollando y actualizando las políticas nacionales para aplicar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, garantizar la aplicación efectiva y coherente de la legislación de la Unión Europea en materia de accesibilidad, promover el desarrollo de servicios sociales basados en la comunidad y fomentar la participación en la vida política y pública.
