En octubre de 2019, la Comisión Europea protegió por primera vez a los denunciantes en toda la UE al adoptar la Directiva (UE) 2019/1937. La nueva ley pretende garantizar una protección de alto nivel para los denunciantes que informan sobre infracciones de la legislación de la UE mediante el establecimiento de canales de denuncia seguros, tanto dentro de una organización como ante las autoridades públicas. También protege a los denunciantes contra el despido, la degradación y otras formas de represalia.
La Directiva sobre denunciantes de irregularidades busca mejorar la protección de los denunciantes y, dado el posible carácter transfronterizo de las infracciones denunciadas, pretende crear un marco jurídico unificado en Europa. Las nuevas normas se podrán aplicar en el sector cultural. Por ejemplo, en el ámbito de la contratación pública en materia de renovación de edificios, esta Directiva podría aplicarse en caso de incumplimiento de la legislación de la UE. También podría aplicarse en el caso de que una entidad cometiera infracciones de la legislación europea en materia de respeto a la intimidad y protección de datos personales. Por ejemplo, alguien que revele información relativa a datos de consumidores no tratados con el debido respeto a las normas europeas de protección de datos (el GDPR) podría estar protegido por la Directiva de denuncia de irregularidades.
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