El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo político provisional sobre nuevas normas de la UE para proteger a las personas que realizan actos de participación pública frente a las demandas judiciales manifiestamente infundadas o abusivas («demandas estratégicas contra la participación pública» o SLAPPs, por sus siglas en inglés), en perfiles como periodistas, artistas, activistas, investigadores, defensores de derechos u organizaciones de la sociedad civil.
Tal como propuso la Comisión en abril de 2022, el proyecto de Directiva tiene por objeto establecer un sistema de poderosas salvaguardias procesales y garantías contra los procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos en asuntos civiles con repercusiones transfronterizas incoados contra personas físicas y jurídicas, en particular periodistas y defensores de los derechos humanos, con motivo de la realización por dichas personas de actos de participación pública. La existencia de estas salvaguardias equipará a los tribunales para hacer frente a los litigios abusivos, pero también disuadirá a los posibles demandantes de incurrir en tales prácticas.
